Desde la sanción de la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas en 2008, el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación ha rescatado y asistido a 11.169 víctimas, el 54% de explotación laboral y el 46% de explotación sexual. Una de cada diez víctimas son niños, niñas y adolescentes. 

El gráfico estadístico tiene un dato insoslayable: desde el 2008 al 2015 la asistencia se fue incrementando anualmente (pasó de 169 víctimas a 2110), pero en 2016 el número cayó abruptamente a 666. 
Para los titulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) lo que ocurrió es que bajaron las inspecciones en el área laboral, puntualmente en las zonas rurales. 
De todas maneras, la cantidad de denuncias recibidas en la línea de ayuda 145 no para de crecer: 600 llamadas en 2012 y 3.256 en 2016. El Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) había sido creado en el 2012, y una de sus tareas era fiscalizar el empleo en el sector rural. 
A fines de 2015, la Corte Suprema confirmó un fallo que declaraba inconstitucional la creación del Renatea. Y el gobierno actual restableció el viejo Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), cuya dirección y administración está a cargo de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores y varias entidades empresarias de la actividad, como Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).

 

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