La pandemia neoliberal macrista agudizó los problemas estructurales de millones de bonaerenses y dejó literalmente a la intemperie a decenas de miles de familias. Algunas de ellas, víctimas del desempleo, la miseria y la crisis habitacional, han sido y son protagonistas de numerosas tomas de tierra, como la ocurrida en Guernica.

El Gobierno del Frente de Todos, en la Provincia y en la Nación, asumió estos problemas desde su inicio, mediante medidas y políticas orientadas a la construcción de Justicia Social en todas sus dimensiones. Incluida la emergencia en el plano de la vivienda.

Este rumbo se manifestó de forma evidente en Guernica, donde una comisión interministerial coordinada por la cartera de Desarrollo de la Comunidad censó y dialogó con todos los actores vinculados a la toma y acordó con 734 familias su reubicación.

Sin embargo, algunas organizaciones optaron por la intransigencia y no quisieron llegar a ningún tipo de acuerdo. Lo que llevó a la Justicia a no dar más plazo para postergar el desalojo. 

La solución coyuntural adoptada por las autoridades bonaerenses incluyó: subsidios para alquileres; ampliación y refacciones de viviendas de origen; refugio para personas en situación de calle; acompañamiento a víctimas de violencia de género; y refuerzos en el presupuesto del área social del municipio de Presidente Perón. Se dispusieron además 3.000 lotes con servicios en el distrito para las familias que aceptaron el retiro voluntario.

A poco más de diez meses de Gobierno nacional y provincial, y en medio de la pandemia de Covid-19, los métodos del desalojo en Guernica no fueron los que hubiéramos querido. Y las medidas coyunturales siempre serán insuficientes frente a la gravedad de la situación.

Ante los problemas estructurales sólo caben soluciones de fondo con ejes en la inclusión, el trabajo, la redistribución de ingresos y riquezas y el desarrollo de herramientas de asociativismo.

En esa línea avanza el Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat, que ya ejecuta más de 500 proyectos de urbanización de barrios populares y villas en los que habitan unas 450.000 personas. Se construirán también 33.600 viviendas nuevas (más 6.200 del programa Procrear), se reactivarán otras 10.000 cuya edificación fue paralizada durante la gestión anterior y se realizaron 18.000 mejoras habitacionales.

Ya está en elaboración, además, un "mapa de la tierra", para identificar parcelas urbanizables y confeccionar una política única en materia de Suelo y Vivienda en favor de numerosas familias bonaerenses de menores ingresos.

Desde el Psol de la Provincia de Buenos Aires reafirmamos que construir Justicia Social y desmontar el esquema de privilegios e inequidades de larga data son tareas ya encaminadas, y que seguirán requiriendo la unidad y organización del campo popular.

Declaraciones de Carlos Grande, presidente del Partido Solidario (PSol) de la provincia de Buenos Aires