La intendenta de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios, Verónica Magario, aseguró que "las asignaciones del Fondo Federal Solidario deben estar garantizadas en el presupuesto" y amenazó con presentaciones judiciales. Además sentenció que "así como logramos que suspendan el DNU contra las asignaciones familiares, ahora haremos lo mismo con esta resolución arbitraria".

La presidenta de la Federación Argentina de Municipios, Verónica Magario, se pronunció en contra de la eliminación del Fondo Federal Solidario (FFS), también llamado "Fondo sojero" que surge de la coparticipación del 30% de los recursos que se obtienen por las retenciones a las exportaciones de soja.

"Esta es una nueva afrenta del gobierno del presidente Macri y el FMI contra el federalismo en la Argentina. Esto lo que busca es quitar autonomía y desfinanciar a los ciudadanos de cada municipio, porque esto representa menos obras en cada ciudad del interior, mientras que a los porteños les dan cada vez más recursos", enfatizó Magario.

El Fondo Federal Solidario, conocido como Fondo Sojero, fue constituido en 2009 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el objetivo de distribuir los derechos de exportación.

"La finalidad solidaria proviene del reparto de recursos de origen nacional para reforzar los presupuestos destinados a infraestructura en cada una de las Provincias y Municipios adherentes", explica la página oficial.

Con el objeto de ayudar financieramente a las provincias, a sus municipios y comunas y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con la finalidad de asegurar el financiamiento de obras que contribuyan a mejorar la infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda y vial en ámbitos urbanos y rurales, el Estado Nacional decidió crear un Fondo Federal Solidario

Veronica Magario aseguró que "las asignaciones deben estar garantizadas en el presupuesto porque de lo contrario nos veremos obligados a hacer presentaciones judiciales para reclamar" y señaló con énfasis que "Macri no puede ajustar a costa de los ciudadanos". Y sentenció: "Así como logramos que suspendan el DNU (decreto de necesidad y urgencia) contra las asignaciones familiares, ahora haremos lo mismo con esta resolución arbitraria". La decisión de ir a la Justicia también fue confirmada por la Defensoría del Pueblo provincial.

La eliminación del FFS significará para las provincias y municipios una pérdida superior a los 10 mil millones de pesos para lo que queda de 2018 y aproximadamente 41 mil millones para el año entrante.

Magario detalló también que "este recorte obedece al recetario propuesto por el FMI, que establece un gran ajuste que prevé un recorte de 300.000 millones de pesos que en su mayor parte recaerá sobre las provincias y los municipios". "Quieren que tengamos menos salud, menos agua, menos cloacas y menos asistencia para los vecinos", subrayó.