¿Dónde quedó la premisa de Techo, Tierra y Trabajo? ✍️ Por Lucía Aylen Arias

El 11 de septiembre se desató una terrible represión por parte de la policía bonaerense a las familias del barrio 22 de enero en Ciudad Evita, que a raíz de la crisis que venimos arrastrando sobre nuestras espaldas y profundizada por la pandemia tuvieron que dejar sus alquileres.

Hay incontables testimonios de vecinos y vecinas que sostienen el merendero San Cayetano de cómo la policía llegó el viernes a la noche a reprimir.

La represión dejó heridxs y al menos 8 detenidxs que fueron liberados al día siguiente y una joven de 19 años con la vista comprometida que se encuentra en la espera de una operación.

Balas, golpes y persecuciones por parte de la policía. Y saqueo y golpes por parte de los vecinos más pudientes de un sector de Ciudad Evita.

No es casual el accionar de la policía bonaerense cada vez más autárquico, que a los días siguientes se lució por un paro inédito, con versiones contradictorias, con la postal de un señor armado colgado de una antena y por otro lado la casa de Olivos rodeada, seguido por una nueva feroz represión en Gregorio de Laferrere a familiares y amigos de Tahiel, un niño asesinado por una picada en ruta 21, que se manifestaban pacíficamente para pedir justicia.

 

El intento de toma de los terrenos genera instantáneo repudio por parte de los vecinos de un sector de Ciudad Evita, que organizan marchas en sus autos defendiendo a la Reserva Natural, aunque la toma no esté en terrenos de reserva. Los chalets de estilo californiano se inauguraron en 1947 mediante el Decreto Nº 33221 del presidente Juan Domingo Perón que expropió las tierras para la construcción de 15.000 “viviendas sociales”.

Esas viviendas, hoy están habitadas por personas que amedrentan constantemente a las familias que se quedaron sin hogares en el barrio 22 de enero, y que el día 11 de septiembre fueron a golpear personas y a saquear el merendero San Cayetano, quitándoles todas las ollas con las que cocinaban.

El comedor, que es un pequeño rancho de dos metros cuadrados donde guardan alimentos y sostiene unas chapas donde se cocina todos los días a leña, alimenta hace seis meses alrededor de 200 familias.

La policía antes de reprimir, miraba cómo los vecinos pudientes se llevaban las ollas, cómo estos vecinos y vecinas golpeaban a un señor mayor referente del comedor, y cómo intentaban incendiar el rancho.

Odio de clase más policía envalentonada. Las familias del barrio 22 de enero vienen intentando un diálogo con el Municipio de La Matanza hace tiempo.

Una mesa de diálogo viene siendo la promesa, y mañana 7 de octubre pareciera que va a llevarse a cabo, pero un día antes del diálogo las familias amanecieron con topadoras en un sector del terreno, preparadas para zanjear todo la zona. Ante la advertencia de lxs vecinxs, pararon las máquinas y se llamó a la fiscal de turno María Belen Casal que mencionó que nada podía hacer ya que era una orden de Fernando Espinoza cercar el lugar.
En un distrito donde hay más de 100 tomas, donde crece la violencia y el discurso de odio y falta de empatía, es responsabilidad del estado implementar medidas inmediatas para resolver la situación habitacional de cientos de familias, y es la responsabilidad del pueblo organizarse e involucrase para seguir generando redes de ollas y discusión política, para no olvidar de dónde venimos, y a qué clase pertenecemos. Los derechos humanos se respetan o se violan, no hay términos medios.